Fallo de la Cámara Criminal y Correccional Federal: www.pag0miscuentas.com.ar (Argentina) - 6 de diciembre 2005

Fallo publicado por: Diario Judicial

C.C.C. Fed. Sala I

6.12.2005

Causa 37.327

Vigliani - Cavallo - Freiler

“ALBERTOCCHI, Dario s/procesamiento”

Reg. 1417 / J. 9 - S. 18.

“Buenos Aires, 6 de diciembre de 2005.

Y VISTOS: Y CONSIDERANDO:

Llegan las presentes actuaciones a conocimiento y decisión de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica de Darío José Albertocchi contra la decisión del Magistrado de primera instancia mediante la cual decretó el procesamiento del nombrado en orden al delito previsto y reprimido por el artículo 72, inciso “c”, de la Ley 11.723 en concurso ideal con el previsto por el artículo 31, incisos a) y b) de la Ley 22.362.

A la luz de las constancias existentes en autos, los suscriptos deben analizar si la registración del sitio www.pag0miscuentas.com.ar efectuada por Darío Albertocchi el 27/05/2003 en el sitio oficial de internet www.nic.ar -conf. fs.93- constituyó un accionar delictivo en razón de que la empresa Banelco S.A. tenía registrada previamente una denominación similar como es www.pagomiscuentas.com.ar.

Los suscriptos estiman que la sola registración del dominio realizada por el encartado ante Network Information Center Argentina para que se incorpore una página web a la red de internet no lesionó ninguno de los bienes jurídicos protegidos penalmente por las leyes 22.362 y 11.723 (conf. argumentos vertidos en sentido similar en C.N 37.110 “ALONSO, Rodrigo J. s/procesamiento”, rta. el 21/03/05, reg. n 199).

Cabe precisar que el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, en su carácter de administrador del Dominio Argentina de Internet, a través de la estructura conocida como NIC-Argentina presta los servicios de registración de los nombres de dominio que tienen la terminación “ar”.

Las registraciones se efectúan de acuerdo con las reglas vigentes establecidas por ese Ministerio a través de la Resolución 2226/2000 y sus modificatorias.

En tal resolución se establece que no se aceptarán solicitudes de registro de nombres de dominio iguales a otras ya existentes, o que puedan confundirse con instituciones o dependencias del Estado u Organismos Internacionales, salvo cuando sean realizadas por ellos mismos. A su vez, se establece que no son susceptibles de registro las denominaciones contrarias a la moral y buenas costumbres.

La resolución ministerial es clara al establecer los motivos y circunstancias por los cuales pueden denegarse las solicitudes y en ninguna regla se obstaculiza la utilización de un nombre que resulte “similar”a uno ya inscripto.

Resulta evidente que ha sido por tal razón que NIC-Argentina aceptó la solicitud de registración efectuada el 27/05/03 por Albertocchi bajo la denominación www.pag0miscuentas.com.ar, aún cuando existía uno denominado www.pagomiscuentas.com.ar registrado el 12/04/00 por la empresa Banelco S.A..

Por tanto, la sola registración del dominio aludido no constituye delito alguno pues el encausado cumplió con los procedimientos y reglamentaciones establecidos para la materia que se trata. Ello sin perjuicio de que, en el caso pudieran prosperar otras acciones como la intentada por la parte querellante en el fuero civil y comercial federal -conf. fs. 146-.

Tal circunstancia ha sido totalmente desatendida por el a quo, quien expresó: “...con independencia de que el sitio web del Sr. Albertocchi, cuyo nombre de dominio en Internet fue autorizado y consecuentemente registrado a su favor -ver fs. 93-, conforme la reglamentación de la Dirección de Informática, Comunicaciones y Seguridad del Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio Internacional y Culto (NIC Argentina), es que considero que debe aplicarse en el presente la jurisprudencia en la materia, por la cual se ha sostenido que: ‘Independientemente de que el nombre de dominio sea o no una marca, está en juego la protección de un registro marcario, que estaría utilizando por quien no es titular.’” (conf. resolución recurrida fs. 269/vta. de la causa principal).

Ese fragmento fue citado como perteneciente al caso “Publiese F. Nicolás c/Pérez Carlos Enrique s/medidas cautelares” cuyo fallo habría sido emitido por la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal.

La equiparación que se efectúa en sede civil entre un dominio y una marca -tal como surge de la jurisprudencia señalada por el a quo- no es trasladable al ámbito penal por las razones que seguidamente se expondrán.

El Dr. Eugenio Zaffaroni se ha referido al principio de máxima taxatividad señalando que se manifiesta mediante la prohibición absoluta de la analogía in malam partem. Diferencia la aplicación de las leyes en el ámbito civil y destaca que “El derecho civil provee seguridad jurídica tratando de resolver el mayor número posible de conflictos, razón por la cual los jueces no pueden dejar de juzgar bajo el pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de las leyes (art. 15 CC), y es reprimido con inhabilitación absoluta, de uno a cuatro años, el juez que se negare a juzgar so pretexto de obscuridad, insuficiencia o silencio de la ley (art. 273CP). Puesto que el derecho civil cumple mejor su función de seguridad jurídica cuando pone el poder público al servicio de la solución del mayor número de conflictos, debe tender a que esa coacción responda a un sistema continuo -sin lagunas-, por lo cual si una cuestión civil no puede resolverse, no por las palabras, ni por el espíritu de la ley, se atenderá a los principio de leyes análogas; y si aún la cuestión fuese dudosa, se resolverá por los principios generales del derecho, teniendo en consideración las circunstancias del caso (art.16 CC).” (conf. Derecho Penal, Parte General, 2 edición, págs. 117/8, Ed. EDIAR, Capital Federal 2003).

En el derecho penal resulta elemental y obligatorio para el juzgador analizar la conducta del imputado respetando los principios de legalidad y de reserva acuñados por los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional y por el artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Existen innumerables antecedentes jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los que de manera pacífica

se ha entendido que, según el principio de legalidad, el tipo penal exige para su existen¬cia la doble determinación por el legislador de los hechos punibles y las penas a aplicar, y proscribe, en consecuencia, la aplicación por analogía, o de modo extensivo la ley penal (doctrina Fallos: 16:118; 137:425; 150:293; 169:309; 184:116; 191:245; 204:345, 359; 220:129; 237:636; 307:550 y 1114; 310: 1909; 314:1451 entre muchos otros).

Por todo lo expuesto es que, de ningún modo puede considerarse que el accionar de Albertocchi configura alguno de los delitos por los que ha sido procesado. Sólo mediante una interpretación analógica in malam parten podría adecuarse la conducta del imputado a alguna de las figuras que prevén las leyes 22.362 y 11.723.


En otro orden de ideas, no puede dejar de señalarse que, aún cuando el Magistrado de primera instancia ha referido en numerosas ocasiones que en el caso se hallaba en juego la protección de una marca debidamente registrada, resulta evidente que no reparó en que, de acuerdo con los datos existentes en el informe emitido por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, la inscripción de las denominaciones “pagomiscuentas.com” y “pagomiscuentas.com.ar” se encontraba pendiente de resolución hasta el momento en que fue librado el oficio que obra a fs. 109/17 y tampoco advirtió que la solicitud fue presentada en dicho Organismo el día 9 de noviembre de 2003 por un apoderado de Banelco S.A., es decir, un día después de que se efectuara la denuncia que dio inicio a esta causa -conf. fs. 1-.

Conforme a ello, cualquier análisis que hubiera querido hacerse dentro de los parámetros establecidos por la ley marcaria, resultaría en vano ya que, al momento en que ocurrió el hecho denunciado, en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial no existía siquiera una solicitud de registro de las marcas aludidas en el párrafo que antecede.

A su vez, no esta demás señalar lo informado en el peritaje realizado por el Licenciado en Informática, Julio César Liporaci, en el que concluyó que el sitio web www.pag0miscuentas.com.ar habría sido desarrollado, operado, ingresado y visualizado por Darío Albertocchi. Que en el disco duro de la computadora utilizada por el nombrado se encontró el directorio djsite/pag0miscuentas y que tras el ingreso a él se hallaba una copia de sitio www.pag0miscuentas.com.ar y una de www.pagomiscuentas.com.ar, siendo que éste último fue obtenido con el software TELEPORTPRO que se obtiene libremente en internet. -conf. fs. 168/9vta.-


De acuerdo con la información suministrada por el perito mencionado, es que no puede considerarse que en el caso, se hubiera infringido alguno de los supuestos previstos por la ley 11.723 o por las modificaciones introducidas en la materia por las leyes 25.036 y 25.847.

Más allá de las consideraciones efectuadas, el Magistrado de primera instancia deberá investigar si la conducta de Albertocchi se adecua a la figura de estafa o de alguna otra defraudación -hipótesis contemplada en la imputación realizada a fs. 258/60 vta.-.

Por último, no quiere dejar de señalarse la sorpresa que causó en los suscriptos la circunstancia de que, en el acto previsto por el artículo 294 del Código de rito, se haya preguntado a Albertocchi si padecía enfermedad contagiosa o congénita, siendo que, de los artículos 297, 298 y 299 del ordenamiento instrumental (en los que se establecen las pautas a considerar en dicho acto) no surge, ni siquiera difusamente, que el instructor deba hacer preguntas de esa índole, menos aún si tampoco pueden relacionarse con el objeto procesal de la causa que se investiga.

Por todo lo expuesto, se RESUELVE: REVOCAR la resolución recurrida en todo cuanto decide y DECRETAR la FALTA DE MÉRITO de Darío Albertocchi en los términos previstos por el artículo 309 del Código Procesal de la Nación, debiendo el a quo proceder de acuerdo con lo indicado en los considerandos.

Regístrese, hágase saber al Ministerio Público Fiscal y
devuélvase debiendo el Magistrado de primera instancia practicar el resto de las notificaciones.

Sirva la presente de atenta nota de envío.”